Las cajas, brazos financieros de las autonomías

Jordi Sevilla, portavoz económico del PSOE, ha denunciado un intento de los populares de privatizar las cajas incluyendo en la Ley Financiera la posibilidad de que emitan acciones (cuotas participativas, en lenguaje financiero) que supone, de algún modo, que los ayuntamientos y las comunidades autónomas que hasta ahora tenían el control de estas sociedades perdieran parte de su poder.
El presidente de las cajas de ahorro, Juan José Quintás, dio la voz de alarma y el portavoz del PSOE en materias económicas, Jordi Sevilla, le ha puesto argumento: El Gobierno de Aznar quiere tomar el poder en las entidades de ahorro y decapitar sus posibilidades de competencia con la gran banca. Sevilla cree que los autores intelectuales del plan contra las cajas necesitan aprobar las medidas denunciadas por Quintás (transparencia, igualdad de trato fiscal y legislativo con las otras entidades financieras, profesionalización, etc) antes de las elecciones de 2004 y así evitarse sorpresas si gana Zapatero.
Los directivos de las cajas apuntan a una ofensiva política del Gobierno de Aznar para limitar el crecimiento de las entidades de ahorro a favor de los grandes bancos que observan preocupados cómo estas últimas han ido ganando en número de cuenta corrientistas y, sobre todo, en hipotecas, al calor del boom inmobiliario que se ha gestado en la última década.
El asunto de las cajas viene de lejos, y ya la Comisión Europea había advertido a España que tenía que modificar la composición de los consejos de administración para evitar la mayoría de cargos políticos o hacer pender sobre sus cabezas la "espada de Damocles" de que los créditos concedidos por las cajas a empresas e industrias fueran considerados como "ayudas públicas", con la consiguiente penalización o prohibición por competencia desleal. Según las leyes europeas, cualquier ayuda pública a una empresa tiene que pasar por los tamices de la Comisión de la Competencia, para evitar que los gobiernos nacionales puedan favorecer a ciertas industrias locales en detrimento de las extranjeras.
Los presidentes de las comunidades autónomas se han acostumbrado, sin embargo, a utilizar las cajas de ahorro de su región como instrumentos de sus objetivos económicos. Jordi Pujol obligó a La Caixa a financiar Port Aventura cuando ninguna entidad privada quería hacerlo, y lo mismo le ocurrió a las cajas valencianas cuando Eduardo Zaplana las llamó para financiar Terra Mítica. El propio Rafael Simancas, candidato a presidente de la Comunidad de Madrid, si consigue superar el caso de los diputados rebeldes, ha puesto como ejemplo de la subordinación de Caja Madrid a los designios del anterior presidente, Ruiz-Gallardón, el caso de la financiación del parque temático de la Warner en San Martín de la Vega.
El vicepresidente económico, Rodrigo Rato, ha insistido en que todo lo que hay sobre las cajas está en la Ley Financiera, pero los directivos de estas entidades no las tienen todas consigo, saben que los grandes bancos, que tienen que cumplir un escrupuloso sistema legislativo y de control por parte del Banco de España, quieren que se exija las mismas condiciones a las cajas para evitar que éstas les sigan quitando depósitos e hipotecas. Preocupa también el hecho de que puedan llegar a comprar bancos, como hizo Bancaja con el Banco de Valencia, o han estado a punto de conseguir las cajas andaluzas respecto al Banco Zaragozano. El tema no está demasiado claro y hay quienes propugnan que las cajas puedan emitir acciones como los bancos, para convertirse en sociedades financieras normales, y otros que critican hasta el sistema de cuotas participativas que quiere poner en marcha el PP.
El PSOE también ha tenido sus dudas y, en un principio, el propio Jordi Sevilla participó en reuniones donde se estudiaron estas fórmulas. Pero la presión de los barones socialistas, especialmente Chaves, Bono y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que no quieren perder a sus brazos financieros, las cajas, hizo que el PSOE decidiera que mejor dejarlo todo igual.
Caja Madrid ha de renovar a la mitad de sus representantes tras la elecciones municipales y autonómicas. En junio se reunirá el comité electoral para decidir la representatividad de cada municipio en el que la caja tiene sucursales. Con estos datos y los resultados electorales del 25 de mayo se hará la lista definitiva de los 320 consejeros generales (100 de los ayuntamientos, 40 de la Asamblea de Madrid, 36 de los empleados, 112 de los impositores y 32 de entidades representativas) que en octubre elegirán a los representantes políticos en el consejo de administración, formado actualmente por 21 miembros. No cambian, sin embargo, los representantes de empleados e impositores, donde es mayoría Comisiones Obreras, que es, a la postre, quien tiene la llave para designar al nuevo presidente de la entidad, como ya ocurrió en 1996 cuando tuvo que cambiar a Jaime Terceiro por Miguel Blesa.